Como decía, se retoma la actividad política, muy marcada por una crisis económica de una enorme entidad. Expertos económicos y dirigentes políticos de los distintos estados no logran ponerse de acuerdo en su verdadero alcance, aunque ya en los países de la zona euro se habla de que pasaremos de la actual y profunda desaceleración a una auténtica recesión. Y, si hacemos caso a lo que estos días plantean analistas británicos, podemos encontrarnos ante la peor crisis económica desde la IIª Guerra Mundial. En el caso español, el gabinete de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) prevé que el PIB decrecerá en 2009 el 0,5%, asegurando que la economía española entrará en recesión en la segunda mitad del presente año por el ajuste en la construcción y la debilidad del consumo.

Una crisis en la que convergen numerosos factores en sus orígenes, desde la brutal elevación de los precios de los cereales a nivel mundial –por la demanda de naciones como India o China o su uso como biocombustibles- a la subida de los costes del petróleo y del gas, pasando por cómo han quedado las entidades financieras por efecto de las denominadas hipotecas basura en Estados Unidos o, en fin, el derrumbe de la burbuja inmobiliaria en España.

Una crisis cuyas consecuencias se están sintiendo en la subida de la cesta de la compra, el aumento de los costes del transporte, el progresivo incremento en lo que pagamos por nuestras hipotecas y, especialmente, el aumento del paro, con más de 175.000 desempleados en las Islas y una subida de más de 43.000 parados en un año en Canarias, cinco puntos por encima de la media española, superando en España los dos millones y medio. Una situación en conjunto muy negativa que afecta de manera mucho más implacable a los sectores más débiles de la sociedad.

Políticas anticíclicas

Ante esta situación es clave el liderazgo de las Administraciones públicas, utilizando las leyes de presupuestos para hacer políticas anticíclicas, incentivando la inversión pública y reduciendo impuestos de forma selectiva. Y, especialmente, mantener las políticas sociales: educación, sanidad, etcétera.

En ese sentido, reclamamos que los Presupuestos del Estado recojan mejoras de las infraestructuras a nivel general, y partidas destinadas a la implantación de redes ferroviarias en Gran Canaria y en Tenerife, una mayor financiación de los contratos programas del transporte regular de viajeros y un compromiso presupuestario claro en favor de la renovación de las ciudades turísticas obsoletas.

Y en cuanto a los Presupuestos de Canarias, exigimos partidas para el tren del Sur de Gran Canaria, al igual que se ha hecho con el tranvía, así como financiación para la rehabilitación turística, mejora de la financiación del transporte regular de viajeros y de los servicios sociales especializados, que tienen estrangulados a las corporaciones insulares. Así como mantener la financiación de ayuntamientos y cabildos.


La financiación autonómica es la otra gran tarea, Lo que nos interesa es conseguir que Canarias esté como en el año 99 en la media de transferencias per capita. Para ello es necesario exigir la no devolución al Estado de los 300 millones del ITE. El Gobierno de Canarias tiene que dialogar y buscar aliados para conseguir este objetivo y que los parámetros de población actualizada, insularidad y lejanía sean los instrumentos para conseguir colocarnos en las más adecuadas condiciones.

Como ven, el nuevo curso político tiene para el Archipiélago retos de una enorme entidad, que inciden e la capacidad económica de sus corporaciones y en el bienestar del conjunto de la sociedad. Unos retos que, desafortunadamente, abordamos con un Gobierno débil, con escasas ideas y más dedicado a sobrevivir que a asumir el necesario liderazgo que las Islas precisan en tan delicado momento.