Por fin he decidido apuntar estas ideas, al hilo del hecho infrecuente de que en apenas 24 horas y en un mismo medio de comunicación haya “alcanzado” duras críticas y seguramente inmerecidas alabanzas por una cuestión de valores, bien es verdad que por significaciones y ámbitos de gestión diferentes.

Una de las muchas acepciones que de ética hace la Real Academia de la Lengua se refiere “al conjunto de normas morales que rigen la conducta y las obligaciones del hombre”. Desde luego no es mi deseo referirme a nada que no sea territorio profesional o al propio trabajo público. Allá cada cual con su propia mochila de normas morales en el ámbito personal. Los gestores políticos, los generadores de opinión o los propios empleados públicos, están obligados a observar el código de conducta que les exigen las leyes y, en mi opinión, la sociedad no debiera permitirles la ligereza de su incumplimiento. Claro que no es fácil el juicio, se presta a la interpretación pero puede no ser siempre es así.

Esta exigencia social no es nueva y ha venido siendo objeto de regulación de muchas maneras, especialmente en los apartados disciplinarios de las normas. Sin embargo y en el marco de la nueva regulación legal que se abre en las administraciones del Estado cobra hoy una vigencia extraordinaria. En el tronco legal que ha de dar cuerpo común a los textos y reglamentos legales que regularán la función pública en las autonomías, cabildos y municipios (Estatuto Básico del Empleado Público), encontramos este asunto con una claridad meridiana.

El legislador, además de referirse a este asunto en las disposiciones disciplinarias, dedica todo un capítulo de su articulado a establecer la base de los deberes y el código de conducta de todos los empleados públicos de nuestro país. Una declaración de intenciones que se trasladará en cascada y ha de desarrollarse en la legislación de las distintas administraciones. Un extenso articulado que viene a definir e identificar los principios éticos y también de conducta que obligan, por igual, a todos aquellos que quieran trabajar para la comunidad.

No puede haber duda de la obligatoriedad de desempeñar con rigor y con diligencia las tareas asignadas, ni la defensa de los intereses generales, ni de los derechos fundamentales y las libertades públicas…pero además habremos de hacerlo con “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”.

No son pues ideas, ni recomendaciones, ni obligaciones recogidas coyunturalmente estos calificativos entrecomillados. Son algunas de las prescripciones éticas que dan cuerpo a un Título central que, bajo el epígrafe genérico de “Derechos y Deberes. Código de Conducta de los Empleados Públicos”, además de recoger, por primea vez en la administración publica, derechos como el de la negociación colectiva nos sujeta a todos, inequívocamente, a unos deberes y un código de conducta acordado por amplísima mayoría en el Parlamento del Estado.

Ahora toca seguir profundizando en la gestión del cambio en la administración local y a ello debemos aplicarnos en los próximos meses, sin magisterios de nadie, invitando a todos a esa tarea común, con la diligencia que nos permita nuestra posición, apartando del timón a los que no aporten nada, a los “chusqueros”, a los “quemados” y también a los “fundamentalistas” de la excelencia. Sin banderas éticas que son necesidad. Con la motivación y la satisfacción de hacer el mejor trabajo posible para nuestros convecinos/as, que son quienes sostienen la administración.