Un rápido chequeo por el municipalismo nos trae a esa nueva realidad. Esto viene ligado a las demandas crecientes de los ciudadanos (aquello de las incumbencias), a lo limitado de los recursos, a la exigencia de una atención de varias vías y amplitud horaria… Si ahondamos en las escasas estadísticas disponibles nos daremos cuenta que cada vez se gestiona más presupuesto público de forma indirecta (un 28% del total) y de que en este caso los porcentajes destinados al capítulo de personal son proporcionalmente mucho más bajos.

Sin ir más allá en la necesidad o no de otros modelos de gestión, habrá que asumir la certificación de un cierto fracaso de lo público y, en algún modo de la gestión de gobernantes y representantes de los empleados/as. La colaboración externa, bien sea con empresas de capital público, semipúblico o totalmente privado es una solución gestora emergente tanto en administraciones de gobiernos de signo progresista o conservadora. Se nos dice que privatizar servicios significa optimizar recursos, alcanzar más eficacia y una mejor evaluación de resultados. Los informes van siendo abrumadores y los resultados incontestables pero habrá que hacer matizaciones.

Siendo verdad que una administración no puede estar sujeta a incesantes presiones laborales, ni tampoco puede convertirse en gestora de las urgencias diarias, no es menos cierto que la incapacidad para cumplir los fines electorales pueda ser la excusa para la privatización sistemática de los servicios. Por el contrario, estas han de ser decisiones sujetas a estudios rigurosos, que busque inequívocamente el bien público y no el ocultamiento de otras decisiones, con el acuerdo o la connivencia de la representación sindical, minimizando la posibilidad de abusos que ello puede conllevar, resolviendo el peligro de que sean estos órganos externos quienes terminen mediatizando la decisión política que siempre ha de corresponder a la administración, que garantice las seguridades necesarias para algunos servicios sensibles, que haya una evaluación permanente y se profundice en la obligación de dar cuentas, que se tienda a homologar los convenios con los empleados/as del propio ayuntamiento, que se potencie la coordinación política de las empresas municipales o participadas, que unifique la gestión informática, que negocie el valor añadido de gestionar los servicios de la administración…

En definitiva, es un hecho que la iniciativa empresarial ha ido más lejos por la inexorable ley de la oferta y la demanda mientras que, lamentablemente, en algunas administraciones se sigue creyendo en un régimen de monopolio, al menos de cuatro años. Las interpretaciones más abiertas y progresistas del Estatuto Básico del Empleado Público fijan esta ley como la última oportunidad de modernizar nuestras administraciones. Enfrente estarán “los de siempre”, los que traen a su interpretación restricciones, atavismos y resquicios legales no derogados, que buscan el beneficio de “los de siempre” y, en buena medida, responsables del estado de postración que sufren la mayoría de las administraciones.