Santiago dijo ayer que el Ayuntamiento, durante su anterior etapa de alcalde, hizo gestiones para que el centro Yrichen estuviera ubicado en un suelo que estuviera recogido en el Plan General de Ordenación (PGO) con ese uso específico. Sin embargo, en la tramitación del PGO «hubo un lapsus y en la parte final de tramitación del plan no se contempló el uso para el centro». Explicó que cuando se identificó ese «error de transcripción, junto con otros 34 errores más», se elaboró un documento de corrección de errores, que fue aprobado en pleno, según publica hoy Canarias7.

Posteriormente, en mayo de 2003, el Ayuntamiento remitió dicho documento a la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Sin embargo, con la entrada de PP/ AFV-Ciuca al gobierno local, el Ejecutivo autonómico «recibió un escrito de un jefe de servicio» del Ayuntamiento para dejar sin efecto aquel acuerdo de pleno, añadió.

De este modo, manifestó su deseo de que «la judicatura dilucide quién realmente es el que prevarica, si aquel que no tramitó un acuerdo de pleno, que es su obligación, o el que paralizó el acuerdo por un simple escrito de alguien que no tenía autoridad».

El mundo al revés. El regidor destacó que la construcción del Centro de Emergencia Social para la atención de toxicómanos y personas drogodependientes en una finca ubicada en La Pardilla fue «bien vista por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la sociedad teldense y por la propia ex ministra de Sanidad, Elena Salgado, que visitó la comunidad terapéutica de Telde» en febrero de 2006.

«Es verdad que la opinión de una fiscal de menores que vive al lado no es la misma y, por tanto, hay una denuncia seguida a instancias, al parecer, de una fiscal que vive en la zona», agregó Santiago, quien apuntó que, «al parecer», dicha denuncia «ha encontrado aliados en el Ayuntamiento para que se presenten como acusación particular», en alusión a Guillermo Reyes, de AFV-Ciuca. A su entender, éste «sería un asunto a observar en alguna otra instancia porque a lo mejor los intereses particulares de alguien están ayudando a enrarecer este asunto».

Comentó que si la solución es derribar el inmueble esto es «el mundo al revés», puesto que durante «muchísimos años» todas las instituciones han invertido dinero público para la rehabilitación de drogodependientes.