Muchos de los problemas heredados de un nefasto Gobierno Municipal, que desapareció hace solo unos meses, tardarán muchos meses, tal vez años de la presente legislatura, para que definitivamente queden solucionados.

Los anteriores gobernantes, mientras se entretenían en sus “cositas”, que ahora forman parte de los casos Taprada, Faycan y Doramas, se olvidaban de los ciudadanos, de hacer gestión y se dedicaban a endeudar de forma irresponsable al Ayuntamiento.

Por poner solo un ejemplo, el entonces Concejal de Ordenación del Territorio dedicaba su tiempo y el dinero de todos en interponer multiquerellas y en permutas (esperemos que no haya dedicado su tiempo a “otras cosas”), mientras el departamento del que era responsable político se constataban irregularidades (que se investigan en la operación Doramas) y el bloqueo de mil quinientos expedientes de urbanismo (licencias de obras, devoluciones de fianzas, certificaciones urbanísticas, disciplina urbanística y cédulas de habitabilidad, entre otros). El nuevo responsable del área, José Antonio Perera, se vio obligado a tomar la decisión de cerrar por un tiempo el servicio para poder desatascar el departamento. Ahora puedo presentar como resultados de tal decisión haber podido solventar el desatasco de mil doscientos expedientes (un noventa por ciento) de los mil quinientos empantanados. Los resultados obtenidos en solo un mes significaron un avance superior a los dos últimos años del nefasto gobierno anterior. El PP, ahora en la oposición, que criticó en su momento la medida de Perera, debería tener la gallardía de salir ahora a la palestra y pedir perdón por una crítica manifiestamente equivocada y felicitar, de paso, al Concejal que tomó la decisión acertada.

Otro pesado legado es Urvitel. Podría parecer que los anteriores gobernantes quisieran dejar a sus sucesores una bomba de relojería en Urvitel, para que se activara cuando los actuales gobernantes les sucedieran en los cargos. Yo estoy convencido de que esa no fue la intención. Soy de los que piensan que la herencia de Urvitel es producto de la irresponsabilidad, de la ineficacia y, si me apuran, de la falta de conocimientos de la que hizo gala el gobierno municipal anterior.

Acreditar que un gobierno municipal es irresponsable es muy sencillo. Sólo hay que comprobar como se tomaron decisiones de forma irresponsable durante la pasada legislatura. Son muchísimos los ejemplos que podría poner, pero me limito a enumeras sólo algunos: las bajadas demagógicas de tipos impositivos en los primeros años de la legislatura que no iban aparejadas con la contención de gastos; las permutas lesivas para los intereses municipales; las ventas de patrimonio municipal que no iban aparejadas con inversiones reales; el saco sin fondo que hicieron con Urvitel; etc.

La eficacia en la gestión pública es una obligación. La propia Constitución, en su artículo 103, establece que la Administración Publica sirve con objetividad a los intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El artículo 3 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, recoge que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. El Gobierno Municipal anterior fue manifiestamente ineficaz para los ciudadanos de Telde y a los hechos me remito. Evidentemente que fueron elegidos democráticamente, pero está acreditado que contravinieron principios constitucionales y legales en su gestión.

La falta de conocimientos creo que fue una constante en ese gobierno municipal. Por poner un ejemplo y a pesar de conocer ahora el contenido del Auto de 9 de octubre de 2007 que resolvió inadmitir la solicitud de concurso voluntario presentada por Urvitel ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas, creo que los anteriores gobernantes, que ya sabían de los procedimientos cambiarios y de los embargos solicitados contra Urvitel en distintos Juzgados de Primera Instancia de Telde, tenían que saber que el artículo 5 de la Ley Concursal les obligaba a solicitar concurso voluntario porque ya existía incumplimiento generalizado de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso y las de pago de cuotas de la Seguridad Social (art. 2.4.4 Ley Concursal), puesto que Urvitel no estaba pagando esas obligaciones desde muchos meses antes de acabar la anterior legislatura.

El Gobierno Municipal actual está explorando todas las fórmulas posibles, no solo para desbloquear los problemas de Urvitel, sino también para cumplir con el principio constitucional de eficacia al que está obligado en la gestión de la recaudación municipal, encomienda que el anterior Gobierno residenció también en Urvitel.

El bloqueo económico al que sigue sometida judicialmente Urvitel, que hace dos meses que no paga los salarios de sus trabajadores, no es mayor que el bloqueo de la gestión recaudatoria del servicio, si nos atenemos a los datos facilitados por el líder el PP, Paco Santana. El bloqueo económico es una herencia directa o las salpicaduras de la herencia del nefasto Gobierno Municipal anterior. ¿Acaso cree el líder del PP que el bloqueo de la gestión no forma parte de la herencia que dejó su gobierno?. ¿El atasco de 276 expedientes de inspección, 300 de recaudación y 6.000 de rentas (Deuda No Tributaria, Impuesto de Actividades Económicas e IBI) no forman parte de ese legado nefasto?

Curiosamente, los responsables de todos estos desaguisados quieren abanderar ahora, intentando manipular a los trabajadores afectados, una guerra política contra el nuevo Gobierno Municipal que está enfrascado de lleno en la búsqueda de todas las medidas necesarias para resolver económica y jurídicamente el problema que los anteriores gobernantes ocasionaron de forma irresponsable. También está empeñado el actual Gobierno Municipal en la búsqueda de soluciones que permita cobrar el dinero que el Ayuntamiento tiene en la calle por culpa de todos esos atascos de la Recaudación y eso es criticado por la oposición del PP.

La solución que plantea el PP es un aumento de funcionarios. Se olvida, como siempre, del mandato constitucional del principio de eficacia en la gestión. Supongo que eso sucede porque ellos nunca lo tuvieron en cuenta.