El espectacular crecimiento económico de la última década ha tenido su reflejo en la generación de riqueza y empleo, pero también en la ocupación del territorio y en el desmesurado incremento poblacional, lo que ha supuesto importantes desequilibrios para el Archipiélago:

- Económico-sociales: Las tasas de crecimiento han sido superiores a la dotación endógena de recursos de Canarias. Así se ha tenido que acudir a la importación masiva de mano de obra legal, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura y en el sur de Tenerife y Gran Canaria. A ella se suma las miles de personas que se encuentran de forma irregular en las Islas después de haber entrado en ellas por puertos y aeropuertos; y una exigua minoría que llega a Canarias en barquilla, llamativa mediáticamente y por los reiterados dramas que se producen en nuestras costas, pero poco significativa numéricamente.

El perfil de la inmigración que recibimos es el de personas jóvenes, con hijos o con el proyecto de tenerlos a corto plazo. Existe una gran diversificación de origen, observándose en los últimos años una disminución de la inmigración procedente de otras comunidades autónomas, mientras crece la extranjera, fundamentalmente latinoamericana, pero también de Europa del Este y África.

Hay un tipo de inmigrantes, provenientes del mundo desarrollado, que tiene una tasa de paro inferior a los nativos y retribuciones medias más altas, mientras que otros muchos, de países empobrecidos, realizan trabajos con salarios muy inferiores. Y que, en el caso de los que no tienen regularizada su situación, se producen situaciones de explotación por parte de empresarios sin escrúpulos, introduciendo además distorsiones en la competencia entre trabajadores y entre empresas.

El aumento inmigratorio tiene una gran influencia en los servicios públicos, especialmente en el ámbito de la salud pública, la educación, la vivienda y los servicios sociales.

- Territoriales: Canarias se está estructurando en tres grupos de islas diferenciadas. Primero, las dos islas capitalinas con altas densidades de población (517 habitantes/km2 en Gran Canaria y 390 en Tenerife) y crecimientos moderados. Segundo, las dos islas orientales, sujetas a un crecimiento turístico compulsivo y demográfico por inmigración y que genera situaciones sociales muy complejas: la mitad de los habitantes de Fuerteventura no son nacidos en la isla. Tercero, el grupo de las tres islas occidentales (La Palma, La Gomera y El Hierro) con rentas per cápita decrecientes, envejecimiento y crecimiento poblacional muy inferior a la media, cuando no negativo.

- Medioambientales: La capacidad de carga del territorio está siendo desbordada. Las islas tienen una dimensión reducida, especialmente en relación a las riquezas naturales que albergan y a la carga de población y turismo que soportan. El Archipiélago está superpoblado, su actual densidad de población es casi el triple de la media del Estado. A la superpoblación residente se añade la presencia de un importante número de visitantes que consumen mayor cantidad de recursos de agua y energía y generan un mayor volumen de residuos que el residente insular. El déficit de agua se está paliando con la desalación, que transfiere el problema al campo energético, incrementando en la actualidad nuestra dependencia de los combustibles fósiles y generando mayor contaminación atmosférica, un círculo pernicioso sobre el que debemos intervenir, cumpliendo el Protocolo de Kioto.

Una de las consecuencias más negativas para nuestro territorio, producto del desarrollo insostenible en el que se ha instalado Canarias, es el de la gestión de los residuos. Un problema que adquiere especial gravedad por el abandono del desarrollo de las directrices de ordenación general y del turismo, a pesar de haber sido aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias.

Los residuos son el primer problema medioambiental del Archipiélago, valga como dato que Canarias produce anualmente más de tres millones de toneladas de residuos, 1,6 kilos diarios por habitante, lo cual supera en un 25% la media del Estado.

Por eso, Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria exigirá la culminación del Plan de Residuos de Canarias, y el cumplimiento de los plazos en la aplicación de las políticas sobre tratamientos de residuos aprobados por la Unión Europea, lo que supone la finalización de los complejos medioambientales de cada isla, que son responsabilidad de los cabildos a través de sus planes directores insulares.

Su objetivo debe ser contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, racionalizando la gestión de los residuos, a través de su reducción, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación. Para todo ello es imprescindible la dotación de las infraestructuras necesarias, especialmente complejos medioambientales y puntos limpios. En esta materia NC-NGC se manifiesta a favor de los complejos medioambientales para la reutilización óptima de los residuos reciclables y estudiar las alternativas a la incineración (pirolisis, termólisis, plasma) del resto de los residuos, con el objetivo de evitar o reducir los vertederos que también son contaminantes, pues producen la emisión de metano a la atmósfera y lixiviados, que deben ser tratados con el objetivo de hacer que los residuos no contaminen el entorno.

Cómo afrontar el problema demográfico.

Es preciso afrontar las disfunciones de un modelo económico insostenible que ocupa cada vez más territorio, derrocha recursos naturales, incrementa el gasto energético y camina hacia la superpoblación. Las instituciones canarias han aprobado medidas políticas que apuntan hacia la sostenibilidad, como las directrices de ordenación general y del turismo, que tratan de hacer compatible un crecimiento económico y del empleo en función de las necesidades endógenas, con la protección del territorio y el medio natural.

Las directrices deben ser el eje articulador de un nuevo modelo de entender la economía, puesta al servicio de las personas y de la tierra en que desarrollan su vida, del presente y del futuro. Su desarrollo consecuente es una de las respuestas claves para caminar hacia un modelo económico sostenible y para afrontar los problemas de la superpoblación.

Junto a ello, Canarias debe tener mayor protagonismo en materia de inmigración, hoy limitado a la integración social de los inmigrantes, correspondiendo al Estado el control de flujos. Para ello, nuestra nacionalidad debería contar, por delegación, con competencias en la concesión de permisos de residencia y trabajo, y negociar con el Estado nuevas normativas sobre los flujos de población, al amparo de los artículo 13,e) y 37.1 del vigente Estatuto de Autonomía.

Con el objetivo de alcanzar ese modelo de crecimiento modulado, con futuro, teniendo en cuenta la capacidad de carga de los territorios y un proceso demográfico razonable, en función de los intereses generales de nuestra Comunidad y de las personas que en ella viven, garantizando el mantenimiento de nuestro modelo de convivencia. Por ello, exigimos:

• El incremento de la vigilancia de nuestras fronteras y las actuaciones rotundas contra las mafias que trafican con personas.
• La presión a los países emisores, y en especial al Reino de Marruecos para que se produzca un mayor control en origen.
• El control por parte del Gobierno de España de las personas que entran en nuestra comunidad como turistas y posteriormente se quedan de forma irregular.
• Reconocimiento del Estado y la Unión de nuestro carácter de frontera con una región depauperada.
• Control de los flujos migratorios y vinculación de la regularización a las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Para ello, sería muy positivo que los permisos de trabajo y el posible establecimiento de cupos correspondiera a la Comunidad Canaria.
• Colaboración al desarrollo, por parte de la UE y el conjunto de organizaciones internacionales, dirigida hacia los países de origen, como mejor forma de fijar la gente al territorio. Sin avances en la democracia y en las condiciones de vida no hay solución posible.