para una Nueva Canarias en un estado federal 

Con el Estatuto de Autonomía aprobado en 1982 Canarias rompe con un proceso histórico de dependencia y tratamiento colonial presente a lo largo de toda su historia. Una historia de sumisión a factores externos, que nos hizo más vulnerables y que dificultó que las Islas dieran un salto cualitativo que les incorporara a la senda del desarrollo.

La democracia y el autogobierno iniciado en 1983, junto con el cambio de modelo económico experimentado en las últimas décadas del pasado siglo, abrieron el período de mayor progreso de la historia de las Islas, permitiendo que un Archipiélago enormemente atrasado y marginado se acercara progresivamente a las medias españolas y europeas en todos los parámetros del bienestar social.

La capacidad de dirigir desde Canarias lo sustancial de las políticas ha sido clave en el vuelco experimentado en la situación de las Islas, superando los retrasos históricos y los seculares olvidos del centralismo.

La posterior reforma del Estatuto, en 1996, profundizó –aunque de forma claramente insuficiente- en la línea iniciada en 1982, reconociéndonos como nacionalidad y como territorio archipielágico, incrementando competencias y abriendo la posibilidad de participación de nuestra Comunidad en los foros internacionales en temas de especial sensibilidad para el Archipiélago, formando parte de la correspondiente delegación española, aunque su concreción fue reiteradamente negada por los gobiernos del PP.

En realidad, estas reformas son la consecuencia natural de un proceso que, lejos de ser el reconocimiento pleno de nuestro autogobierno producto de una potente reivindicación canaria, fue más bien el resultado de una concesión por parte del Estado en el marco del modelo de descentralización territorial definido por la Constitución española del 78.

Es necesario reaccionar y Nueva Canarias no sólo tiene que estar presente sino que debe implicarse en todos los niveles de su organización en debatir sobre la propuesta del nuevo Estatuto implicando a los ciudadanos en el debate como garantía de que la propuesta que formulemos esté alimentada por las opiniones de los ciudadanos.

Desarrollaremos nuestras propuestas en dos apartados. El primero y más amplio referido al nuevo Estatuto de Autonomía, sin pretensiones de ser una propuesta exhaustiva, y el segundo a la reforma de la Constitución Española y la incorporación del texto constitucional europeo.

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