11. Un marco ético y normativo para el adecuado desarrollo social y económico de nuestra Comunidad Canaria.

El estatuto de Autonomía de Canarias ha de recoger una apuesta decidida porque los poderes públicos canarios desarrollen su actividad vinculados a los calores de responsabilidad, honradez política y administrativa y de servicio a la ciudadanía. Unos poderes públicos que garanticen la función social de los fines políticos y administrativos en la gestión pública. Unos poderes públicos comprometidos porque el desarrollo económico sea plenamente compatible con el desarrollo social, con el medio ambiente, la biodiversidad, la singularidad y sustentabilidad de nuestro ecosistema y la conciencia y responsabilidad de formar parte de una ecología planetaria.

12. La universalización de los Servicios Sociales como un derecho básico de toda ciudadanía.

Es necesario exigir y luchar por un Estatuto de Autonomía de Canarias que reconozca explícitamente la universalidad de las prestaciones básicas sociales para toda la población no como favor sino como un derecho. Un Estatuto que garantice la igualdad de derechos de toda la ciudadanía a los Servicios Sociales. Y que prevea, para ello, la financiación necesaria.