2. Alcanzar el equilibrio institucional y la máxima transparencia financiera en nuestra Comunidad.

El actual Estatuto de Autonomía, atendiendo a la condición insular que define al Archipiélago canario y a la conveniencia de adaptar las instituciones fundamentales de nuestra Comunidad a esta particularidad territorial, aplicando también criterios poblacionales, ha dado una respuesta parcial a esta necesidad de acuerdo con el momento histórico en que fue redactado.

Así, se fija la capitalidad compartida entre las dos mayores ciudades de Canarias y se establece el principio de alternancia en la sede de la Presidencia del Gobierno, pretendiéndose de esta manera atender al principio fundamental del equilibrio institucional entre las dos capitales canarias.

El Parlamento canario es una institución que con el paso de los años y con la asunción de nuevas competencias para Canarias se ha transformado en un instrumento central en el entramado institucional del Archipiélago.

Veintidós años después de nuestro primer Estatuto es el momento de adaptar nuestras instituciones a la realidad social y política de nuestra Comunidad, atendiendo al principio de equilibrio y también al de cercanía de las instituciones a sus administrados.

En consecuencia proponemos:

• La creación de una sede del Parlamento de Canarias en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo funcionamiento atenderá al principio de alternancia entre ambas capitales por períodos legislativos completos, coordinadamente con la alternancia en la sede del presidente del Gobierno.
• Asimismo, las islas no capitalinas deberán contar con Oficinas Parlamentarias que faciliten el acceso de los ciudadanos de estas islas a sus representantes en el Parlamento de Canarias.
• Igualmente, deberá incorporarse al nuevo Estatuto los preceptos más importantes de la Ley de Sedes, a fin de que este elemento central del equilibrio institucional tenga su reconocimiento en la norma de máximo rango de nuestra Comunidad.

Este principio fundamental de equilibrio interterritorial debe aplicarse también a los mecanismos de financiación de cada uno de los territorios del Archipiélago, a través de fórmulas insularizadas, transparentes, que contemplen la necesaria solidaridad entre los distintos territorios en atención a sus diversas realidades y necesidades.

Proponemos que las islas gestionen la totalidad de los recursos del REF, en particular el IGIC y el impuesto de combustibles, comprometiéndose cada una de las islas a aportar un porcentaje de esta recaudación a un fondo común de compensación y nivelación de servicios entre todos los territorios del Archipiélago.