Un Nuevo Estatuto de Autogobierno para Canarias. Propuestas para el debate político. Introducción.

Con el Estatuto de Autonomía aprobado en 1982 Canarias rompe con un proceso histórico de dependencia y tratamiento colonial presente a lo largo de toda su historia. Una historia de sumisión a factores externos, que nos hizo más vulnerables y que dificultó que las Islas dieran un salto cualitativo que les incorporara a la senda del desarrollo.

Un intento anterior de alcanzar la autonomía política se vio frustrado por el golpe de Estado franquista y la posterior guerra civil, lo que impidió situarnos entre las comunidades denominadas históricas. Aunque resulta evidente que nuestra Comunidad es la que mayores características diferenciales propias posee, por su lejanía y fragmentación territorial.

De hecho, Canarias no es ni más ni menos histórica que el resto de comunidades que así se reclaman. Así, desde la conquista, en los albores del siglo XV, siempre hubo cédulas reales, fueros económicos y concesiones que se renovaban cada vez que un nuevo Rey ceñía la Corona española.

En lo económico, una de nuestras características diferenciales esenciales ha sido el Régimen Económico y Fiscal (REF), expresión clara de la preocupación que las distintas generaciones de canarios hemos tenido para no perder las especificidades que la historia y la geografía nos han deparado.

Esta preocupación por la conservación de nuestras especificidades se ha visto incrementada a lo largo del proceso de integración en la Unión Europea, cuya expresión más clara fue la consecución de un estatuto especial para Canarias dentro del marco de las regiones ultraperiféricas.

La democracia y el autogobierno iniciado en 1983, junto con el cambio de modelo económico experimentado en las últimas décadas del pasado siglo, abrieron el período de mayor progreso de la historia de las Islas, permitiendo que un Archipiélago enormemente atrasado se acercara progresivamente a las medias españolas y europeas en todos los parámetros del bienestar social.

La capacidad de dirigir desde Canarias lo sustancial de las políticas ha sido clave en el vuelco experimentado en la situación de las Islas, superando los retrasos históricos y los seculares olvidos del centralismo.

La posterior reforma del Estatuto, en 1996, profundizó –aunque de forma claramente insuficiente- en la línea iniciada en 1982, reconociéndonos como nacionalidad y como territorio archipiélagico, incrementando competencias y abriendo la posibilidad de participación de nuestra Comunidad en los foros internacionales en temas de especial sensibilidad para el Archipiélago, formando parte de la correspondiente delegación española, aunque su concreción fue reiteradamente negada por los gobierno del PP.

En realidad, estas reformas son la consecuencia natural de un proceso que, lejos de ser el reconocimiento pleno de nuestro autogobierno producto de una potente reivindicación canaria, fue más bien el resultado de una concesión por parte del Estado en el marco del modelo de descentralización territorial definido por la Constitución española del 78.

Aunque es indudable la aceptación mayoritaria del autogobierno por parte de la ciudadanía, también es cierto que tanto el Estatuto del 82 como su posterior reforma en 1996 estuvieron al margen del debate social.

La actual reforma debería ser una oportunidad para una participación colectiva en el texto legal que marcará la vida política de Canarias en las próximas décadas. Pero ese no parece haber sido el camino elegido por CC y el Gobierno de Canarias, dejándose primero sus propuestas de modificación en manos de una supuesta comisión de expertos, para luego trasladarlo al debate parlamentario.

De hecho, la sociedad y la organización desconocemos cuál es la propuesta política en relación con este trascendental asunto. Más bien, la sociedad tiene la percepción de que la propuesta del comité de expertos ha suplantado a la propuesta política de Coalición.

Es necesario reaccionar y Nueva Canarias debe implicarse en todos los niveles de su organización en debatir sobre la propuesta de nuevo Estatuto implicando a los ciudadanos en el debate como garantía de que la propuesta que formulemos esté alimentada por las opiniones de los ciudadanos.

Es imprescindible transformar este procedimiento de reforma del Estatuto en un proceso para alcanzar un nuevo Estatuto de Autogobierno para Canarias, que dé respuesta a las necesidades de esta Comunidad después de veintidós años de nuestro primer Estatuto, producto de la madurez de este pueblo y de la demostración palpable de nuestra capacidad para autogobernarnos frente a la desidia y a la miopía tradicionales del aparato del Estado centralista para con Canarias.

Tenemos una gran oportunidad para profundizar en el autogobierno, para incrementar nuestra capacidad de decisión en asuntos claves para nuestro presente y futuro, y para consolidar la unidad y el equilibrio entre las islas, corrigiendo disfunciones en la distribución institucional y en la correspondencia entre el peso poblacional y la representatividad parlamentaria.

Uno de los éxitos del Archipiélago en las últimas legislaturas ha sido el resultado de su trabajo ante las instituciones europeas para el reconocimiento de un status específico sobre la base de nuestras condiciones de lejanía e insularidad. Primero con el artículo 299.2 del Tratado de la Unión y, más recientemente, con el artículo 330 de la Constitución Europea, que reconoce la ultraperificidad como un condicionante permanente para nuestro desarrollo.

Consideramos que uno de los ejes de la actuación política de los nacionalistas en el próximo período es conseguir que la disposición adicional tercera de la Constitución Española incorpore el artículo 330 de la Constitución Europea, reconociendo así la condición ultraperiférica en el texto constitucional.

Constituye una cuestión esencial para Canarias que el texto europeo sea incluido en la Constitución Española para garantizar y reforzar nuestra singularidad histórica. Y ese debe ser, por tanto, un objetivo central para los nacionalistas canarios.

Desarrollaremos nuestras propuestas en dos apartados. El primero y más amplio referido al nuevo Estatuto de Autonomía, sin pretensiones de ser una propuesta exhaustiva, y el segundo a la reforma de la Constitución Española y la incorporación del texto constitucional europeo.