En materia de seguridad ciudadana.-

En los últimos años venimos asistiendo a un incremento notable de las políticas conservadoras en materia de seguridad, que están viniendo a restringir de manera singular, el equilibrio irrenunciable entre libertad y seguridad. Nosotros consideramos que un espacio de libertad no está reñido con un entorno protegido y seguro.

El Estado se ha mostrado incapaz de solventar los problemas de delincuencia y de insuficiencia de medios en sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía Y Guardia Civil) ya que esta problemática en Canarias no es coyuntural. Esta deficiencia es de carácter estructural, basada en un diseño policial centralista, pensado por y para la península y que penaliza nuestras condiciones insulares, como demuestra el hecho que para poder ascender en el Cuerpo, los agentes tengan que volver a la península, con lo que con carácter general, nunca se arraigan a Canarias.

Es necesario por tanto, que los recursos que el Estado deja de invertir en nuestras islas, respecto a los estándares de la península, sean trasferidos a la Comunidad Autónoma para financiar la Policía Canaria y así garantizaremos una mayor eficiencia en seguridad como lo hemos demostrado en otros servicios públicos.

Defendemos una mejora de la seguridad ciudadana, tanto desde una perspectiva social, donde estas políticas se integren en el conjunto de las políticas de seguridad, como desde una política de defensa de los derechos e intereses ciudadanos.

Deseamos un servicio público de policía eficiente, en el que las competencias de los distintos Cuerpos queden reflejadas en función de sus capacidades y de su ámbito territorial. Por ello, apelamos a una Policía Estatal única, encargada de los delitos de ámbito nacional, tráfico de personas, delitos de guante blanco, fronteras, mafias organizadas, delitos informáticos, transnacionales, etc…, e impulsamos igualmente, una Policía Canaria con plenas competencias, encargada de la seguridad ciudadana de los canarios.

Consideramos que en esta materia no pueden mantenerse políticas ambiguas como la del Partido Popular, que en función de sus intereses en Madrid, apoya o no la creación de una Policía Canaria, a la que además mutila competencias contempladas en nuestro Estatuto circunscribiéndolas únicamente a la vigilancia de personalidades y de edificios. Queremos una policía nuestra, integral, cercana al ciudadano y que resuelva sus problemas.

No son necesarios dos tipos de policías haciendo lo mismo en el mismo territorio. Queremos optimizar nuestros recursos, adaptándolos a nuestra realidad social y turística.