Entendemos la seguridad desde una perspectiva de servicio público, donde dichos poderes garanticen su prestación, la financien y controlen bajo una óptica global que aglutine tanto las políticas en materia de seguridad ciudadana, como de protección y atención a las emergencias.

La política de seguridad emprendida por el Gobierno de Canarias en las dos Legislaturas anteriores, con la aprobación e implantación del Plan de Seguridad Pública de Canarias y con el proyecto de Ley del Sistema Canario de Seguridad, se ha visto frenada en seco en esta Legislatura. Los actuales dirigentes de la política de seguridad del Gobierno de Canarias han mantenido posturas ultra conservadoras, considerando que la seguridad es una competencia exclusiva del Estado, automutilándose competencias y centralizando en Madrid estas decisiones que nos afectan sensiblemente a todos los canarios.

El Estado, tanto antes cuando gobernaba el PP, como actualmente cuando gobierna el PSOE, limita sensiblemente el desarrollo del autogobierno en Canarias en materia de seguridad, actuando desde una visión excluyente. Por ello, no queremos que se nos excluya, queremos participar y decidir en el desarrollo futuro de la seguridad en Canarias, no deseamos que se mantenga el actual inmovilismo para modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una Ley de hace veinte años, obsoleta y que no contempla la realidad Canaria.

Hemos demostrado que los Canarios somos capaces de mejorar los servicios públicos cuando los gestionamos desde aquí y no desde Madrid. Queremos por tanto, también en esta materia, un trato entre iguales, participar y decidir.