Debido a su especial condición y lejanía geográfica, Canarias, desde su incorporación a la Corona de Castilla, a lo largo del siglo XV y hasta nuestros días, ha dispuesto de un tratamiento singular, tanto en lo administrativo, como en lo económico y fiscal. Estos derechos históricos se han manifestado en forma de un régimen casi librecambista en el marco de un proteccionismo más o menos pronunciado según la época.A mediados del siglo XIX, esta especificidad se tradujo en un sistema de Puertos Francos, que perduró hasta la guerra civil. Durante los años siguientes, el sistema ha ido evolucionando con la introducción de elementos intervencionistas que culminaron con la Ley 30/1972, de Régimen Económico Fiscal de Canarias, en la que se pretendía establecer un compendio de medidas con el objetivo último de sentar las bases para promover el desarrollo económico y social de las islas, sustentado en dos pilares fundamentales y complementarios: el régimen de franquicia y el principio de libertad de comercio.