No salgo de mi sorpresa cuando leo en la prensa que varias asociaciones de vecinos están en contra de las manifestaciones ciudadanas que denuncian los casos de corrupción. Esta actitud me lleva a pensar que sus dirigentes y asociados están a favor de que los administradores públicos roben. Es decir, que están conformes con que “metan mano” en la caja donde se guarda el dinero de todos y lo empleen en su enriquecimiento personal y familiar.

    Me sorprende, aún más, que se haya pretendido y en parte conseguido, aprovechar el pregón de las fiestas de San Gregorio y una vez más un templo católico, para vitorear y recibir con aplausos a los servidores públicos que pocos día antes habían sido detenidos por la policía, dormido en comisaría y que han tenido que pagar una fuerte suma de dinero para poder gozar del derecho fundamental de andar libremente por la calle, por estar bajo sospecha de robar el erario público.

    Me dirijo a ustedes en el día de hoy, para participarles lo que es sin duda un sentir compartido por decenas de miles de teldenses.

     Un sentir que alberga tristeza y desazón por lo acontecido esta última semana, pero que al tiempo también es un sentir de alivio por lo que supone poder reafirmarnos en nuestra convicción de que el Estado de derecho funciona y vela por el correcto y legal funcionamiento de las instituciones públicas. Hoy seguro que estaríamos lamentándonos mucho más si lo ahora intervenido por un juez continuara siendo un secreto a voces.

 Con los debidos respetos y reconocimiento a la encomiable labor de la ONG que dignamente preside D. Ignacio Morán, me parece que lo que ha hecho su Presidente local es aplicar uno de los principios que recoge sus estatutos, a saber, "No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social, ni credo político.

    Se dedica, únicamente, a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes".